TOLUCA.- La Fiscalía Mexiquense pidió a las instituciones correspondientes que se emitan una Ficha Roja y una Alerta Migratoria para evitar que el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez, salga del país pues actualmente hay una orden de aprehensión en su contra por su intervención en un secuestro exprés y ayer en un operativo no fue localizado.
“Tras ejecutarse dichos cateos y no ubicar en estos lugares al investigado, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Añadió que toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público.
¿Por qué delito buscan al alcalde?
Secuestro exprés en agravio de su exsuegro es el delito que enfrenta el alcalde priista de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que un juez mexiquense otorgó una orden de aprehensión en su contra.
La FGJEM obtuvo de un juez de Control Especializado en Línea, el mandamiento judicial en contra del edil por su posible intervención en ese delito, ocurrido el 12 de abril pasado en agravio del papá de su exesposa, identificado con iniciales O.E.R.C., quien se desempeñaba como servidor público del Ayuntamiento de Toluca.
Luego de que fue liberada la orden, elementos la Fiscalía mexiquense, con apoyo de fuerzas federales llevaron a cabo diversas acciones operativas simultáneas en Toluca y municipios aledaños para cumplimentar la orden de aprehensión en contra del alcalde.
El pasado 12 de abril, por instrucciones de él, según la fiscalía, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares de O.E.R.C. y lo habría privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio.
Por esos hechos, presumiblemente constitutivo de delito, fue denunciado ante el agente del Ministerio Público por la hija de la víctima, quien es identificada con iniciales D.V.R.R.
La corporación estatal inició una investigación, la cual se lleva a cabo con perspectiva de género por la relación de carácter conyugal existente en ese momento entre el alcalde y su exesposa.
Las indagatorias permitieron establecer a la FGJEM la presunta participación del investigado en los hechos, pues al mismo tiempo que la víctima se encontraba privada de su libertad, el edil estableció comunicación con la denunciante para exigirle, mediante amenazas y uso de lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal condicionando la libertad de la víctima a esta exigencia. Ante la gravedad de las amenazas, la exesposa entregó la documentación.
“Hasta este momento, los hechos referidos constituyen en grado de probabilidad el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya penalidad es de 40 a 80 años de prisión, la cual puede aumentar 10 años al agravarse por haber allanado el inmueble para privar de la libertad a la víctima quien tenía parentesco con Raymundo “N”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Operativos para localizar al alcalde
La fiscalía solicitó a un juez la orden de aprehensión en contra del alcalde y seis investigados más, por el delito de secuestro exprés, sin perjuicio de la probable responsabilidad de los investigados en la comisión de otros delitos.
Para dar cumplimiento al mandamiento judicial se realizaron ayer diversas acciones operativas, ejecutados tres cateos, dos de estos en el municipio de Toluca y otro en Metepec, así como despliegues en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) del Ayuntamiento donde laboran los investigados.
Tras ejecutarse dichos cateos y no ubicar en estos lugares al investigado, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisó la fiscalía.
Y tras emitir la Ficha Roja, añadió que continúa con las acciones operativas y de investigación que conlleven a la ubicación y aprehensión de Raymundo “N” y los seis investigados más.
Vía El Universal.
