NAUCALPAN.- Raymundo Martínez Carbajal, presidente municipal de Toluca, actuó de forma antiética al declarar que la pasada administración local de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, incurrió en presunto daño patrimonial millonario al erario, pues determinar si hubo o no daño a las arcas locales solo le corresponde investigar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y para ello hay un lapso de hasta siete años, puntualizó Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura del Estado de México.
En similares circunstancias está la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya Marín, quien a finales del mes pasado acusó que su antecesora, Patricia Durán Reveles, dejó un daño patrimonial por cuatro mil 300 millones de pesos, por lo que ambos alcaldes pudieron haber incurrido en un delito que puede ser denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por parte del OSFEM, ya que se filtró información que forma parte de una investigación y se utilizó en desacreditar personajes.
En días pasados, el edil priista declaró que el ayuntamiento presentó cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una de éstas contra su antecesor y otra con quien fuese tesorero de Sánchez Gómez, “los alcaldes pueden tener denuncias de lo que quieran si tienen los elementos probatorios para que eso proceda, lo que no pueden hacer es utilizar una información que no es la definitiva y que sobre todo está afectando el debido proceso que es la fiscalización”, acotó el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Martínez Carbajal presumió que el mandato local pasado dejó mil 656 millones de pesos en pasivos, de lo que se han pagado 550 millones de pesos y por ello se adquirió una deuda que asciende a 170 millones de pesos a pagar en un año.
Haciendo uso del término, de que se está afectando el debido proceso por parte de la actual administración de Martínez Carbajal, pues el OSFEM realiza la investigación sobre el manejo del dinero público durante la pasada administración, el diputado local externó que no se puede decir que hubo malos manejos.
“Me parece que cuando se expide la información por parte del Órgano Superior de Fiscalización, el ente tiene la obligación de presentarlo y sino presenta la información completa tiene un periodo de tiempo para efecto de ir cumpliendo a través del proceso con la comprobación del uso de los recursos, mientras eso no suceda eso queda como una inconsistencia, pero que se tiene que solventar con el proceso.
Así que no hay nada definitivo en cuanto a los números que se manejan, y además, si todavía cumpliéndose el plazo no se solventa la información que se requiere, la investigación tiene siete años por delante para poder calificar si hubo o no un mal manejo de los recursos, pero mientras tanto el proceso va desahogándose”, añadió el legislador.
Con relación a la información financiera con que cuenta el presidente municipal de Toluca, éste estaría incurriendo en un probable delito, al igual que la o las personas que le proporcionaron del estado financiero de la administración anterior de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, abundó.
“Fue una filtración que dio a conocer el presidente municipal de Toluca indebidamente, porque esa es una información que solamente existe al interior del Órgano Superior de Fiscalización, porque está trabajando en eso, se hacen auditorías, se hace la fiscalización, entonces es indebido. Acá se convierte en un delito, ¬¬de donde salió esa información, no puede darse como definitiva para descalificar.
«Me parece que es una política inadecuada, si se trata de descalificar a determinados personajes, pues se hace mal uso, ese es el grave problema, el uso que se le dé a la información, la información es para tener claridad sobre cómo se conducen los actos de gobierno, de la función pública, pero si se utilizan para querer descalificar me parece que es definitivamente antiético”, profundizó el presidente de la Jucopo.
Dejó en claro que el Órgano Superior de Fiscalización tiene la facultad de interponer una denuncia de tipo penal contra quienes estén haciendo mal uso de la información y contra quienes filtraron la misma.
Vía Hoy Estado.
