El comisario de Seguridad y Tránsito, Martín Riestra reconoció que el lugar no hace un reporte de resguardo de los autos, lo que facilita la corrupción. (REBECA JIMÉNEZ. EL UNIVERSAL)
NAUCALPAN.- Por casi tres años la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mantuvo cerrado el corralón municipal El Conde, donde encontró vehículos con reporte de robo, confirmaron autoridades de la dependencia y de este ayuntamiento.
El cierre del depósito vehicular municipal, obligó a la operación de “un corralón pirata” en la calle Baden Powell, junto a los campos de fútbol americano de Lomas Verdes, porque no había un sitio donde llevar los vehículos involucrados en choques lamineros y descompuestos que son retirados de avenidas donde obstruyen la circulación, reconoció el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, Martín Riestra Rodríguez.
Al carecer de un corralón, los vehículos cuyos conductores enfrentaban alguna multa, descompostura o choque, aún hoy son trasladados al “corralón pirata”, donde no hay ningún reporte oficial de detención o resguardo, por lo que el sitio es centro de frecuentes actos de corrupción y extorsión, que EL UNIVERSAL ha documentado.
La clausura del corralón municipal, donde fueron encontrados dos vehículos con reporte de robo, concluyó tras casi tres años y el predio fue entregado al ayuntamiento de Naucalpan el pasado 21 de diciembre, informaron voceros de la fiscalía.
Ahora el ayuntamiento de Naucalpan enfrenta la exigencia de cobro de renta, de los propietarios del predio ubicado en la calle San Andrés Atoto número 36, colonia El Conde, quienes reclaman el pago de tres años de arrendamiento que suman 3 millones 750 mil pesos, informó el director jurídico municipal Gabriel García Martínez.
Los propietarios del predio de cerca de 5 mil metros cuadrados, ubicado a tres cuadras de Periférico Norte, reclaman el pago mensual de 150 mil pesos desde el año 2015.
Aunque esta administración que inició en enero de 2016, no firmó contrato alguno con los dueños del predio, un juez civil ordenó el pago de las rentas vencidas, bajo el principio jurídico de “tácita reconducción”, que implica que cuando un contrato de arrendamiento no se renueva, ni se cancela, se posterga de forma automática, en este caso por un año más, explicó el director jurídico del municipio de Naucalpan.
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