Denuncian 60 trabajadores a alcaldesa de Naucalpan por retener salarios

NAUCALPAN.- Trabajadoras del Ayuntamiento de Naucalpan interpusieron 61 denuncias penales contra la alcaldesa Patricia Durán y el tesorero Leopoldo Corona por la retención de salarios que les adeudan desde hace seis quincenas sin que les hayan dado alguna explicación.

Las denunciantes son maestras de estancias infantiles pertenecientes al DIF a cargo de la administración municipal, así como trabajadores de confianza. Las denuncias se presentan por el delito de retención parcial o total de salarios, el cual está tipificado en el código penal del Estado de México.

Este martes, las afectadas acudieron a la Fiscalía Regional para interponer las denuncias penales ante el ministerio público, para solicitar a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias para conocer el motivo por el cual se les han retenido los salarios, en algunos casos hasta por seis quincenas consecutivas.

En entrevista, la abogada Esther Tapia explicó que con las denuncias son contra la alcaldesa y el tesorero, ya que el código penal estatal “dice que no se podrán retener los salarios a los empleados por ningún motivo, salvo haya orden judicial o administrativa que lo ordene, pero en ninguno de estos casos existe”. Tapia lamentó que son miles de empleados a los que se les ha retenido el salario de manera injustificada, por lo que es posible que la cifra de denunciantes aumenté en los siguientes días.

“El municipio dice que ellos no tienen recursos económicos para realizar los pagos. Sin embargo en las gacetas municipales se establece un sobreejercicio de casi 1 mil 600 millones de pesos para el capítulo mil, que corresponde a servicios personales, sueldos y salarios”.

Además, “en 2020, en año de pandemia cuando no hubo labores, también hubo un sobreejercicio de 900 millones de pesos. Entonces no se entiende cómo se gastaron ese dinero en lugar de pagar deuda, y ahora repercute en no pagarle el salario a los empleados”, añadió Tapia, quien representa a las trabajadoras junto al abogado José Manuel Pérez.

Tras la interposición de las denuncias, la alcaldesa y el tesorero tendrán que presentar un informe al ministerio público.

La Fiscalía se negaba a recibir las denuncias

A pesar de que las denuncias fueron presentadas este martes ante la Fiscalía Regional, la autoridad se negaba a recibirlas. El día lunes, las trabajadoras acudieron junto a sus abogados para dar inicio al procedimiento correspondiente, sin embargo tanto la Fiscalía Regional como la Especializada en el Combate a la Corrupción trataron de rechazar las denuncias al considerar que no correspondían a su competencia.

Por su parte, “la Fiscalía decía que no podía recibirlas porque no se sabía si correspondían a un acto de corrupción; pero precisamente es por eso que las denuncias se interponen, para que investiguen y entonces puedan determinar si hay indicios en la comisión del delito”, explicó Tapia. La coordinación jurídica de la Fiscalía instruyó a la regional para que reciba las denuncias. Será el martes, cuando ambas fiscalías informen cuál de las dos llevará el caso e inicie las investigaciones. La abogada aseguró que no existen elementos ni motivos para que las denuncias sean rechazadas.

La única forma que el proceso de alguna manera proceda de forma distinta a la penal es que la alcaldesa y el tesorero paguen los salarios que adeudas a sus trabajadoras y trabajadores. Aún así, el ministerio público podría determinar si hubo responsabilidad de ambos funcionarios en la retención ilegal de los salarios que han causado daños irreparables a las afectadas.

”El salario es poco y aún así lo adeudan”

La situación para las trabajadoras y trabajadores es crítica. Desde hace cinco años no se ha registrado un aumento en sus salarios. Aunque el pago de su salario es de apenas 4 mil 500 pesos, el ayuntamiento les adeuda hasta seis quincenas.

“Los daños que les han causado son irreparables”, dice Tapia. Durante estos meses en los que no han recibido su salario, se han visto obligadas a “pedir dinero prestado, utilizar tarjetas de crédito, lo que genera intereses que no les va a pagar nadie, a parte de que no tienen para cubrir necesidades básicas para ellas y sus familias”, lamentó. “El salario es poco y aún así lo adeudan”.

“El sentir de los empleados es claro, la desesperación que tienen ante una administración pública irresponsable que hizo un sobreejercicio en sueldos por 1 mil 600 mdp que no sabemos donde están. Es dinero que no entregó porque en las oficinas a las que te presentabas siempre hubo falta de personal, al menos así lo manifestaban las titulares de dependencias, con ello justificaban que no podían cumplir con su trabajo en tiempo en forma”, finalizó Esther Tapia.

Manifestaciones y protestas ignoradas y bajo amenaza

El lunes 20 de septiembre, alrededor de 400 trabajadoras de estancias infantiles y guarderías pertenecientes al DIF realizaron un bloqueo en Periférico durante casi 12 horas, en exigencia al pago de tres quincenas que el Ayuntamiento les adeuda. En respuesta, solo algunas de ellas recibieron el pago de una quincena con el fin de que retirarán el bloqueo; a otras, les llegó un mensaje a sus celulares con la amenaza de que serían despedidas definitivamente de sus empleos si continuaban con la protesta, relataron trabajadoras a este medio.

Además del adeudo a maestras de estancias infantiles y a trabajadores de confianza, el actual gobierno de Naucalpan adeuda pagos a trabajadoras de albergues que reciben a niños rescatados de entornos de violencia y que han sido víctimas de delitos.

Tras las manifestaciones, y al ser consultado por este medio, Rodrigo Sánchez de la Peña, procurador municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, y encargado de estos albergues declaró que él también le adeuda su salario, al menos hasta el momento de la entrevista otorgada en septiembre.

“Su servidor, al igual que el personal del CAS, así como de otras áreas de la Procuraduría estamos laborando sin percibir esas quincenas pendientes, obvio no es agradable, no es fácil, todos tenemos compromisos económicos y todos trabajamos por un salario. Yo he dado la cara con mis colaboradores y he informado lo poco o mucho de información que nos dan a las y los titulares de área”, dijo en relación a las protestas de las trabajadoras.

Además de las denuncias penales, las trabajadoras emprenderán demandas laborales en contra de la actual administración morenista. Sin embargo, esta podría prolongarse durante años.

En su artículo 202, el Código Penal del Estado de México establece que comete delitos contra el trabajo y previsión social quien “retenga, en todo o en parte, los salarios de los trabajadores por concepto de multa, o cualquier otro que no esté autorizado legalmente; y quien “no pague a sus trabajadores el salario mínimo que les corresponda”.

Irregularidades en la administración de los recursos

Las irregularidades en la administración de los recursos por parte del actual gobierno municipal no se limitan al adeudo de salarios de sus trabajadores. La Auditoría Superior de la Federación señaló en su Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2021 que, “en el primer trimestre de 2021, la deuda pública de los municipios disminuyó 6.7% real (1,220.1 mdp) respecto del mismo periodo de 2020. El saldo total de los 21 municipios con mayor deuda se redujo en 4.3% real”. Sin embargo, Naucalpan de Juárez registró incrementos reales en su deuda, correspondiente a un 29.3 por ciento.

El pasado 18 de octubre, el cabildo del Ayuntamiento aprobó usar cinco millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que le entregó el gobierno federal, para saldar algunos adeudos de salarios de sus trabajadores. Hasta la fecha no se ha informado si este recurso ya fue entregado, ni se ha detallado a quienes se les realizó el pago. En tanto, las quejas por la falta de pagos de salarios continúa por parte de trabajadores de confianza, de maestras del DIF, de encargadas de albergues y de policías municipales.

Vía AD Noticias.