NAUCALPAN.- Residentes del fraccionamiento Bulevares, en Naucalpan, esperan que tribunales judiciales asignen fecha de demolición de un edificio para oficinas que se construyó con licencias irregulares, expedidas por el gobierno municipal de Naucalpan, en zona con uso de suelo habitacional.
Se trata de una edificación de 3 niveles en dos predios fusionados en la calle Colina de las Nieves número 112, donde según el Plan de Desarrollo Urbano municipal vigente, el uso de suelo tiene clave H.250.A, es decir habitacional unifamiliar de baja densidad.
Pese a ello, la dirección de Desarrollo Urbano de Naucalpan otorgó a la firma Office Place S de R.L. de C.V, el 30 de julio de 2014 licencia de uso de suelo comercial para oficinas, y el 21 de agosto de 2015, dio la licencia de construcción.
Según documentos obtenidos por el despacho de abogados que representa a los vecinos, y a los que La Silla Rota tuvo acceso, esas licencias se entregaron basadas en un inicio de trámite de cambio de uso de suelo que hicieron particulares en 1991, ante la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas del Estado de México.
Pero aquel trámite fue cancelado antes de su conclusión, según informó a vecinos por escrito el 17 de agosto de 2016, la directora de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, Martha Areli Contreras Navarrete.
Con esos antecedentes, habitantes encabezados por Carlos Herrera, titular de la agrupación Vecinos Unidos Bulevares, comenzaron en julio del año pasado una lucha legal contra el edificio, luego de ingresar diversos documentos a la Alcaldía solicitando, sin éxito, frenar la obra.
En ese lapso los vecinos han demandado por razones específicas y diferentes a los propietarios del predio y de la obra, a la dirección de Desarrollo Urbano de Naucalpan, y a la secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México.
Con esos antecedentes lograron que el 21 de diciembre pasado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolviera declarar la nulidad e invalidez de las licencias que otorgó la Alcaldía por no haberse emitido conforme a la norma jurídica aplicable, debido a que el trámite de 1991 se había cancelado por la autoridad, aunque tal sentencia fue impugnada por el propio gobierno municipal.
«El magistrado del Tribunal de lo Contencioso resolvió en nuestro favor pero no fue más allá, lo que nosotros pedimos es la demolición del edificio para oficinas o la readecuación para vivienda, por eso iniciamos en febrero un procedimiento en el superior jerárquico, en la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal, aunque no nos han resuelto y estamos a la espera para que den fecha de la demolición que es totalmente factible», explicó el vecino Carlos Herrera.
Otra de las irregularidades es que el edificio se construyó en la totalidad de la superficie, sin dejar el 20 por ciento del predio para áreas verdes, como lo establece el propio Plan de Desarrollo urbano municipal.
Para llevar a cabo la lucha legal, los vecinos han pagado el despacho de abogados al cual aún adeudan 4 mil de los 34 mil pesos que les ha costado hasta ahora el juicio, por lo que piden el apoyo de los residentes.
«También pedimos la suspensión de la obra pero no la han otorgado, queremos sentar un precedente de que no permitiremos estas obras, y por eso tenemos a las autoridades demandadas», señaló Rosendo Torres, vecino inconforme.
Los vecinos entrevistados acusaron que para costear los gastos de abogados, las asociaciones vecinales organizadas como Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), Delegación, y Asociación de Colonos, no los han apoyado.
«Algunos nos dicen que ni para papel tienen, esto es de voluntad y de quien quiera apoyar», expresó Carlos Herrera.
Con información de La Silla Rota.
