NAUCALPAN.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), exigió que los Ayuntamientos pongan freno a los abusos de policías, quienes exigen cuotas desde mil a 20 mil pesos y los remiten al Juez Calificador, por la descarga de productos en la Zona Conurbada de la Ciudad de México.
Francisco Cuevas Dobarganes -director general de la agrupación-, precisó que desde hace varios meses, empresas de grandes dimensiones (la mayoría afiliada a la Unión), han tenido problemas en sus unidades de reparto que distribuyen abarrotes, lácteos, productos de limpieza e higiene personal, bebidas azucaradas y embutidos, en pequeños y medianos negocios de los municipios.
El problema obedece a que en una publicación de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, se faculta a los Ayuntamientos a cobrar por realizar reparto a comercios en la vía pública, pero enfocado principalmente a restaurantes y tiendas o bases de taxis, situación que aprovechan los policías para retener y extorsionar a los repartidores.
Ante las diversas denuncias de empresarios, UNIDEM ha buscado a las autoridades locales para que llegar a un acuerdo, pues si el cobro se hace según las dimensiones de las unidades -por unidad de reparto y municipio-, una camioneta que reparte en 10 municipios, debería de pagar hasta $240 mil pesos por derechos al año.
Los abusos se registran en Naucalpan, Tultitlán y Coacalco. Cuevas Dobarganes informó que la próxima semana, la UNIDEM sostendrá un encuentro con el alcalde de Coacalco, Darwin Eslava, con la intención de llegar a montos adecuados para las empresas y que las unidades dejen de ser extorsionadas por los policías.
Los empresarios se ven obligados a dar desde mil pesos hasta casos donde piden 5 mil pesos por cada trabajador, más corralón, arrastre y la presentación al Juez Calificador, teniendo que pagar hasta 20 mil pesos por la descarga de sus productos y para garantizar la liberación de sus empleados.
UNIDEM exigió freno a estos abusos de policías municipales, pues en estos incidentes se han encontrado que en un día remiten al Juez Calificador al menos a 12 repartidores, y si ello ocurre cotidianamente significa severas pérdidas para las industrias y desincentiva la inversión en la entidad.
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